Durante su testimonio en un tribunal federal en Oakland, California, Adam Mosseri respondió a preguntas sobre si el equipo legal de Meta había aconsejado a los empleados ocultar investigaciones sobre seguridad relacionadas con niños y adolescentes. Afirmó que le sorprendería si la intención detrás de tales revisiones legales era engañar al público.
El juicio, liderado por una coalición de 29 fiscales generales estatales, incluido Rob Bonta de California, acusa a Meta de violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA) y de tergiversar las características de seguridad infantil. Las sanciones potenciales podrían alcanzar los 200 mil millones de dólares.
Mosseri reconoció que, tras las filtraciones de la denunciante Frances Haugen en 2021, Meta restringió el acceso a ciertas investigaciones internas para prevenir malas interpretaciones, pero disputó las afirmaciones de que se redujo el número de investigadores que estudian la salud mental juvenil.
El resultado de este juicio podría tener implicaciones significativas para las operaciones y la reputación de Meta, ya que enfrenta un serio escrutinio sobre sus prácticas relacionadas con la seguridad y la transparencia de los usuarios.