El 29 de septiembre de 2026, un panel de tres jueces del 11º Circuito de la Corte de Apelaciones de EE. UU. rechazó unánimemente la solicitud de los abogados Alejandro Brito y Daniel Epstein para pausar las sanciones relacionadas con su manejo de la demanda de Trump por $10 mil millones contra el IRS.
El panel determinó que los abogados no proporcionaron suficiente evidencia para sugerir que tendrían éxito en su apelación contra las conclusiones de mala fe de la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Kathleen Williams.
Las sanciones surgieron de la conclusión de la jueza Williams de que la demanda fue presentada de manera inapropiada, ya que Trump, siendo el jefe del poder ejecutivo, controlaba el IRS, y por lo tanto, las partes no eran verdaderamente adversariales.
La decisión también señaló que Williams aún no ha tomado una decisión final sobre si reabrir el caso o abordar el tema de los honorarios de los abogados. Las implicaciones de esta decisión son significativas, ya que no solo confirma las sanciones, sino que también refleja la desaprobación del tribunal hacia las acciones de los abogados en el caso, que se resolvió fuera de los tribunales en mayo.
El acuerdo había llevado previamente a controversias sobre un fondo propuesto de $1.8 mil millones por parte del Departamento de Justicia, que estaba destinado a compensar a los demandados involucrados en el motín del Capitolio del 6 de enero, pero fue rápidamente abandonado.
El equipo legal de Trump continúa afirmando que el IRS manejó de manera inapropiada información sensible sobre Trump y su familia, enmarcando las sanciones como motivadas políticamente. Esta batalla legal en curso destaca las complejidades de las interacciones de Trump con las agencias federales y las posibles ramificaciones para sus representantes legales.