Francia enfrenta una significativa ansiedad por parte de los inversores debido al continuo descontento civil, que ha elevado los costos de endeudamiento a sus niveles más altos desde 2002. Esta situación plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para implementar los ahorros presupuestarios planificados y mantener la estabilidad económica.
Moody's ha mantenido su calificación crediticia Aa3 para Francia, pero tiene una perspectiva negativa, citando riesgos asociados con el panorama político fragmentado. El gobierno tiene como objetivo reducir el déficit presupuestario al 5% del PIB para 2027, pero la oposición a las medidas fiscales complica este objetivo.
Analistas como Alain Durré de Natixis CIB sugieren que el gobierno podría recurrir a invocar el Artículo 49.3 para impulsar las medidas presupuestarias sin una votación final.
El rendimiento de los bonos del gobierno francés a 10 años ha aumentado, reflejando la inquietud del mercado, mientras que sectores como el comercio minorista, la hostelería y el transporte son particularmente vulnerables al descontento.
Carrefour ya ha reducido su perspectiva de ganancias debido a la agitación, y el sector de lujo, aunque menos afectado directamente, podría ver impactos por la reducción del turismo. En general, el descontento representa un riesgo para el crecimiento del PIB y podría obstaculizar los objetivos fiscales del gobierno, con más protestas planeadas que podrían agravar la situación.