La administración del presidente Trump ha promulgado nuevos aranceles bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, alegando que abordan las prácticas de trabajo forzado entre los socios comerciales. Este movimiento afecta al 99.4% del comercio de EE.
UU. y sigue a un revés legal previo donde la Corte Suprema invalidó sus aranceles globales impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Expertos legales, incluidos Peter Harrell de la Universidad de Georgetown y Kimberly Clausing de UCLA, argumentan que la aplicación de la Sección 301 por parte de Trump es sin precedentes y probablemente ilegal, ya que parece recrear un régimen arancelario amplio que los tribunales ya han rechazado.
Una demanda presentada por dos pequeñas empresas sostiene que estos nuevos aranceles son un pretexto para mantener la misma estructura arancelaria previamente considerada no autorizada. La administración insiste en que abordar el trabajo forzado es una prioridad de larga data, pero los críticos argumentan que no hay un vínculo claro entre estos aranceles y el objetivo político declarado.
Los desafíos legales podrían tardar en resolverse, dejando a las empresas inciertas sobre el futuro de estos aranceles. Los expertos sugieren que las empresas deben prepararse para que los aranceles permanezcan vigentes en lugar de esperar reversiones rápidas, ya que el extenso registro bajo la Sección 301 puede complicar cualquier posible desmantelamiento de estos derechos.