El 28 de julio de 2026, el presidente Trump y el Departamento de Justicia presentaron peticiones ante la Corte Suprema para impugnar un fallo de un tribunal civil que ordenaba a Trump pagar a E. Jean Carroll $83.3 millones por difamación.
Este caso es notable ya que marca la primera vez que un tribunal ha considerado a un presidente en funciones responsable de daños relacionados con conductas durante su mandato. El equipo legal de Trump argumenta que debería estar inmunizado frente a la reclamación de difamación porque los comentarios en cuestión se hicieron mientras él era presidente en 2019.
El DOJ apoya esto al afirmar que debería haberse permitido reemplazar a Trump con el gobierno de EE. UU. como demandado, lo que habría llevado al desestimado del caso bajo la Ley Westfall, que protege a los empleados federales de ciertas reclamaciones civiles.
Esta batalla legal sigue a un fallo anterior donde un jurado encontró a Trump responsable de abusar sexualmente de Carroll y de difamarla, resultando en un veredicto de $5 millones, que Carroll ha recibido junto con intereses.
Las implicaciones de este caso podrían influir en cómo se manejan futuras reclamaciones de difamación contra presidentes en funciones, afectando potencialmente el panorama legal en torno a la inmunidad presidencial.