La Oficina del Representante de Comercio de EE. UU. ha impuesto aranceles que oscilan entre el 10% y el 12.5% sobre 60 economías, citando su fracaso en hacer cumplir las prohibiciones sobre bienes producidos con trabajo forzado. Esta acción reemplaza un arancel temporal y tiene como objetivo establecer una base más legalmente sólida para la política comercial de EE.
UU. tras un fallo de la Corte Suprema que invalidó aranceles de emergencia anteriores. Países como Australia y Brasil han criticado los aranceles como injustificados, con Brasil indicando que podría buscar mercados alternativos si las negociaciones fracasan. Chile y Nueva Zelanda también han expresado su desacuerdo con los hallazgos de la investigación de EE.
UU., aunque Nueva Zelanda mantiene exenciones existentes para una parte de sus exportaciones. Notablemente, ningún socio comercial importante ha anunciado medidas de represalia, lo que sugiere una preferencia por el diálogo en lugar de la confrontación. Los analistas ven este movimiento como un posible mecanismo para que EE.
UU. refuerce su postura comercial contra China mientras navega por complejas relaciones internacionales.