El 13 de julio de 2026, la administración Trump emitió orientaciones a través de tres reguladores bancarios federales: la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, que sugiere que los bancos deben considerar a los inmigrantes no autorizados como un 'riesgo crediticio elevado'.
Esta orientación no introduce nuevas regulaciones, sino que recuerda a los bancos sus obligaciones existentes de evaluar la solvencia crediticia de los prestatarios, particularmente aquellos sin autorización de trabajo en EE. UU. Jonathan Gould, el Contralor de la Moneda, enfatizó que los bancos deben conocer a sus clientes, un requisito que precede a esta orientación.
Los críticos argumentan que esto podría disuadir no solo a los inmigrantes no autorizados, sino también a aquellos con autorización de trabajo de utilizar servicios bancarios, lo que podría aumentar los costos de cumplimiento para los bancos y empujar algunas actividades financieras fuera del sistema bancario regulado, lo que genera preocupaciones sobre el fraude.
El Urban Institute señaló que, aunque la mayoría de las hipotecas requieren un número de Seguro Social, algunos inmigrantes no autorizados pueden obtener préstamos utilizando un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), con solo 5,000 a 6,000 hipotecas ITIN emitidas en 2023 en comparación con 4.6 millones de originaciones de hipotecas totales.
Este impulso regulatorio sigue a una orden ejecutiva del presidente Trump destinada a restringir el acceso financiero para inmigrantes no autorizados, reforzando un enfoque basado en riesgos sin exigir la verificación del estatus migratorio para todos los clientes.