El 5.º Circuito de la Corte de Apelaciones de EE. UU. dictó una decisión de 2-1 que establece que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) no puede detener a individuos por más de 90 días sin permitirles la oportunidad de una audiencia de fianza.
Esta decisión podría afectar a muchos migrantes detenidos bajo las políticas de inmigración de la administración Trump, particularmente en estados como Texas y Luisiana. La opinión mayoritaria, redactada por el juez Leslie Southwick, enfatizó que las protecciones del debido proceso del Quinto Enmienda se aplican a todas las personas dentro de las fronteras de EE. UU., incluidos los no ciudadanos.
Este fallo contrasta con una decisión anterior del mismo tribunal que apoyaba la interpretación de la administración Trump sobre la ley federal de inmigración, que permitía la detención obligatoria de no ciudadanos. El juez Cory Wilson, en desacuerdo, argumentó que la decisión socava la autoridad del Congreso sobre los asuntos de inmigración.
El Consejo Americano de Inmigración acogió con satisfacción la decisión, destacando su afirmación de los derechos al debido proceso para los migrantes detenidos. El fallo se suma al debate legal en curso sobre la interpretación de las leyes de inmigración, particularmente a medida que la administración Trump ha buscado aclarar estos temas a nivel de la Corte Suprema.