El 19 de octubre de 2026, la Corte Suprema se negó a revisar el caso de Gwynne Wilcox, una exmiembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), quien fue despedida por el presidente Trump poco después de que comenzara su segundo mandato.
Esta decisión sigue a un fallo similar respecto al despido de Rebecca Slaughter de la Comisión Federal de Comercio, marcando un cambio significativo en el panorama legal en torno a la autoridad presidencial sobre agencias independientes.
La acción de la Corte sostiene efectivamente un fallo de un tribunal inferior que consideró el despido de Wilcox por parte de Trump como un ejercicio válido del poder ejecutivo, anulando un precedente de larga data que había protegido a ciertos líderes de agencias de ser removidos a voluntad por el presidente.
Este fallo es parte de una tendencia más amplia que fortalece el control presidencial sobre las agencias federales, lo que podría llevar a una mayor influencia política en asuntos regulatorios.
Wilcox, quien fue nombrada por el presidente Biden y fue la primera mujer negra en la NLRB, había argumentado que su despido violaba la ley federal que protege a los funcionarios de la NLRB de ser despedidos sin causa.
Sin embargo, la decisión del tribunal de apelaciones de revertir un fallo inferior a su favor indica un cambio significativo en la interpretación judicial de la autoridad ejecutiva, lo que puede tener implicaciones duraderas para la independencia de los organismos reguladores y el equilibrio de poder dentro del gobierno federal.