El Departamento de Justicia (DOJ) ha emitido una nueva opinión legal que requiere que todos los estados informen sobre inmigrantes indocumentados al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) si desean mantener la financiación federal para programas como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).
Esta opinión revisa una interpretación de 1998 que limitaba las obligaciones de informes a agencias estatales específicas. El Fiscal General Adjunto T. Elliot Gaiser enfatizó que aceptar fondos de TANF conlleva la responsabilidad de informar sobre inmigrantes ilegales, reforzando la idea de que los dólares de los contribuyentes no deben alentar inadvertidamente la inmigración ilegal.
El DOJ aclaró que este requisito se aplica a todas las agencias estatales y es proactivo, lo que significa que no afecta retroactivamente a inscripciones pasadas. Con la financiación de TANF superando los 16.4 mil millones de dólares anuales, los estados que no cumplan podrían enfrentar consecuencias financieras significativas.
El Fiscal General Adjunto del DOJ, Joshua Craddock, declaró que la opinión restaura la intención original de la ley tal como fue promulgada por el Congreso. A medida que esta situación se desarrolla, se está preguntando a muchos estados si impugnarán esta nueva orientación.