El Departamento de Justicia (DOJ) ha rechazado la solicitud de un juez federal de presentar una declaración escrita confirmando que no avanzará con el fondo de 'anti-armamentización' de 1.8 mil millones de dólares. Este fondo estaba destinado a compensar a individuos que alegan haber sido víctimas de abusos procesales durante la administración de Biden.
La jueza Leonie Brinkema había extendido previamente su bloqueo sobre el fondo, expresando que las garantías verbales de los funcionarios del DOJ eran insuficientes.
En un reciente documento, el abogado del DOJ, Andrew Block, enfatizó que el Fiscal General interino Todd Blanche y el Secretario del Tesoro Scott Bessent ya habían hecho múltiples declaraciones públicas afirmando que el fondo no procederá, las cuales se realizaron bajo la amenaza de severas sanciones por deshonestidad.
Sin embargo, el testimonio anterior de Blanche ante el Congreso no tenía el mismo peso legal que una declaración jurada, lo que llevó a la solicitud de la jueza Brinkema de una confirmación formal por escrito.
El fondo fue anunciado inicialmente en mayo como parte de un acuerdo relacionado con la demanda del ex presidente Trump contra el IRS por registros fiscales filtrados, pero ha enfrentado críticas bipartidistas por su posible uso indebido, especialmente en relación con pagos a individuos vinculados al motín del Capitolio del 6 de enero.
Los desarrollos legales en torno a este fondo podrían tener implicaciones más amplias para las operaciones del DOJ y su relación con el poder ejecutivo, especialmente a medida que las tensiones políticas continúan en aumento.