La demanda, presentada en el Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU., argumenta que el presidente Trump excedió su autoridad al imponer aranceles del 10% o 12.5% sobre la gran mayoría de las importaciones, que representan el 99.4% de las importaciones de EE. UU. Los estados buscan detener estos aranceles, considerarlos ilegales y exigir reembolsos por los derechos ya pagados.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, criticó las acciones de la administración como un impuesto ilegal sobre familias y negocios. La defensa de la administración, articulada por el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, afirma que los aranceles son una medida necesaria para combatir el trabajo forzado en las cadenas de suministro internacionales.
Sin embargo, los estados sostienen que las investigaciones que llevaron a estos aranceles fueron apresuradas y carecían de la especificidad y justificación necesarias, argumentando que los aranceles no abordan adecuadamente los problemas alegados.
Este desafío legal sigue a intentos anteriores fallidos de imponer aranceles similares, planteando dudas sobre la capacidad de la administración para hacer cumplir tales medidas sin el respaldo legal adecuado. El resultado de este caso podría tener implicaciones significativas para la política comercial y los precios al consumidor en EE. UU.