En 2025, el negocio de licencias inmobiliarias en el extranjero de Donald Trump experimentó un notable aumento del 71% en los ingresos en comparación con 2024, alcanzando los 59.5 millones de dólares. Este crecimiento se atribuye a desarrolladores internacionales, particularmente de países del Golfo, que están dispuestos a pagar una prima por asociar sus propiedades de lujo con la marca Trump.
Notablemente, cuatro LLC de licencias afiliadas a Trump contribuyeron con 20.25 millones de dólares, representando el 82% del aumento de ingresos. La política de segundo mandato de la Organización Trump permite acuerdos con empresas privadas extranjeras, a pesar de un compromiso de evitar nuevas transacciones con gobiernos extranjeros.
La mayoría de los ingresos por licencias provino de naciones del Golfo, con contribuciones significativas de desarrolladores como Dar Al Arkan, vinculado a Arabia Saudita, y Damac, con sede en los EAU. Esta situación ha generado alarmas entre los vigilantes de la ética, quienes argumentan que crea un conflicto visible entre el papel público de Trump y su riqueza privada.
Expertos legales han señalado posibles violaciones de la Cláusula de Emolumentos Extranjeros de la Constitución, aunque no hay evidencia que sugiera que los pagos por licencias influyeron en las decisiones gubernamentales.
Los críticos enfatizan que la marca Trump señala acceso político, lo que podría llevar a conflictos de interés, especialmente a medida que los desarrolladores del Golfo buscan un trato favorable en el mercado estadounidense.
El modelo de licencias permite a los desarrolladores pagar por el derecho a usar el nombre Trump, a menudo antes de que se construyan los proyectos, lo que plantea más preguntas éticas sobre la interconexión de los intereses comerciales de Trump y las políticas de su administración.