El viernes, la jueza Leonie Brinkema emitió una orden de restricción temporal contra el Fondo Anti-Armamentización del DOJ, que se estableció como parte de un acuerdo relacionado con una demanda de $10 mil millones por Donald Trump sobre la filtración de sus registros fiscales.
El fondo tiene como objetivo proporcionar compensación a aquellos que alegan mala conducta por parte del DOJ bajo la administración de Biden, pero los críticos lo han etiquetado como un 'fondo de sobornos' para los partidarios de Trump, incluidos los participantes en el motín del Capitolio del 6 de enero.
La orden de Brinkema impide cualquier acción adicional respecto al fondo, incluida la transferencia de dinero y el procesamiento de reclamaciones, hasta una audiencia programada para el 12 de junio. Esta decisión sigue a las preocupaciones planteadas por los demandantes sobre el compromiso del DOJ de mantener el statu quo durante los procedimientos legales.
El resultado de este caso podría tener implicaciones significativas para las operaciones del DOJ y los desafíos legales en curso relacionados con el fondo, ya que varios aliados de Trump ya han expresado interés en buscar compensación.