El 30 de junio de 2026, la Corte Suprema sostuvo el principio de la ciudadanía por nacimiento, afirmando que los niños nacidos en EE. UU. de padres que están presente de manera ilegal o temporal son ciudadanos al nacer bajo la Decimocuarta Enmienda.
El presidente del tribunal, John Roberts, junto con las juezas Amy Coney Barrett, Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, formaron la opinión mayoritaria, enfatizando que la cláusula de ciudadanía se aplica a estos individuos. En contraste, los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch disintieron.
La decisión se produjo después de que la orden ejecutiva de Trump, que buscaba negar la ciudadanía a los niños nacidos de inmigrantes indocumentados, fuera bloqueada por tribunales inferiores por violar principios constitucionales. Si la orden hubiera sido confirmada, habría afectado a decenas de miles de nacimientos cada mes, dejando a muchos sin ciudadanía.
Esta decisión refuerza el derecho constitucional de larga data y tiene implicaciones para la política de inmigración y los derechos de los niños nacidos en EE. UU.