El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de EE. UU. falló 6-3 a favor de la decisión de la administración Trump de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes haitianos y sirios, un movimiento que podría llevar a la deportación de muchas personas actualmente protegidas bajo este programa humanitario.
La decisión anuló fallos de tribunales inferiores que habían bloqueado las acciones de la administración, enfatizando que los tribunales carecen de la autoridad para revisar las decisiones de TPS tomadas por el poder ejecutivo. El juez Samuel Alito, quien redactó la opinión mayoritaria, afirmó que la ley que rige el TPS prohíbe explícitamente la revisión judicial de tales decisiones.
Este fallo es significativo ya que no solo afecta el estatus inmediato de más de 350,000 haitianos y 6,100 sirios, sino que también establece un precedente que podría impactar los desafíos legales a las revocaciones de TPS para inmigrantes de otros países.
La administración ha argumentado que el TPS siempre se ha destinado a ser temporal, y esta decisión se alinea con sus objetivos más amplios de política de inmigración. Las implicaciones de este fallo se extienden a aproximadamente 1.3 millones de inmigrantes de los 17 países actualmente designados para TPS, generando preocupaciones sobre el futuro de las protecciones humanitarias en EE. UU.
La decisión del tribunal refleja una tendencia continua de apoyo a la autoridad del poder ejecutivo en asuntos de inmigración, lo que podría alentar acciones adicionales para limitar las protecciones de inmigración.