El gobierno canadiense ha emitido un aviso formal de incumplimiento a Stellantis, dando a la compañía 30 días para responder a las acusaciones de violar sus compromisos contractuales relacionados con la planta de ensamblaje de Brampton.
La ministra de Industria, Mélanie Joly, enfatizó que la decisión de Stellantis de vender la planta a Roshel, un fabricante de vehículos blindados, constituye una violación del acuerdo que podría costarle a la compañía cientos de millones de dólares. El primer ministro Mark Carney criticó la medida como una traición a los trabajadores.
Stellantis, que posee marcas como Jeep y Chrysler, ya ha cancelado los planes de producir el Jeep Compass en Brampton, redirigiendo la producción a Illinois debido a los aranceles de EE. UU. y las presiones del mercado. La compañía también ha declarado que devolverá 24 millones de dólares en subsidios federales, aunque esta cantidad es significativamente menor a lo que el gobierno estima que debe.
Las acciones de Stellantis han experimentado un fuerte declive, con una caída de más del 60% en lo que va del año, reflejando las preocupaciones de los inversores sobre sus decisiones operativas y el impacto más amplio de las tensiones comerciales.