El presidente Donald Trump ha presentado un acuerdo propuesto de energía nuclear civil con Arabia Saudita al Congreso, iniciando un período de revisión obligatorio de 90 días.
Este acuerdo, que se alinea con la Ley de Energía Atómica, permitiría a las empresas estadounidenses exportar tecnología nuclear civil a Arabia Saudita e involucra la construcción de reactores AP1000, un proyecto valorado en decenas de miles de millones de dólares que beneficiaría a Westinghouse. Sin embargo, el avance del acuerdo depende de que Arabia Saudita se una a los Acuerdos de Abraham.
Críticos, incluidos algunos legisladores demócratas y defensores de la no proliferación, han expresado preocupaciones sobre la falta de una prohibición permanente sobre el enriquecimiento de uranio y el posible debilitamiento de los controles contra el uso militar de la tecnología nuclear.
Matthew Kroenig del Atlantic Council expresó que el estudio de viabilidad para una instalación de enriquecimiento operada por EE. UU. debería llevar idealmente a Arabia Saudita a depender de servicios de ciclo de combustible importados en lugar de desarrollar sus propias capacidades.
El acuerdo también se presenta en un momento en que el orden nuclear global está bajo tensión, lo que genera temores de un aumento de los riesgos de proliferación y desafíos de seguridad en una región ya volátil. Además, la postura de Arabia Saudita sobre la normalización de relaciones con Israel está vinculada al reconocimiento de un estado palestino, complicando aún más el panorama geopolítico.