La Primera Ministra Sanae Takaichi está avanzando un plan para reducir el impuesto al consumo de Japón sobre alimentos, que sería la primera reducción desde que se introdujo el impuesto en 1989.
El Partido Liberal Democrático en el poder ha movido el proyecto de ley a través de comités clave, con Takaichi buscando la aprobación del gabinete este mes y con el objetivo de presentarlo en el parlamento este otoño.
La reducción del impuesto propuesta, que entraría en vigor en abril de 2027, es parte de una estrategia económica más amplia que incluye un plan significativo de inversión público-privada estimado en 370 billones de yenes hasta 2040.
Sin embargo, el plan ha enfrentado críticas dentro de su partido, con exministros advirtiendo que podría socavar la confianza fiscal, aumentar las tasas de interés y debilitar el yen. El Fondo Monetario Internacional también ha aconsejado en contra de la reducción del impuesto, citando riesgos fiscales potenciales.
Takaichi se ha comprometido a no financiar la reducción del impuesto a través de bonos de déficit, sugiriendo en su lugar una revisión del gasto y las subvenciones, aunque los detalles siguen siendo poco claros.
La deuda pública de Japón ya se encuentra entre las más altas a nivel mundial, proyectándose en un 204% del PIB para 2026, lo que genera preocupaciones sobre la sostenibilidad de un endeudamiento adicional.
Los analistas señalan que el plan podría llevar a rendimientos elevados de los bonos del gobierno a largo plazo, actualmente alrededor del 2.85%, a medida que los mercados reaccionan a las presiones inflacionarias y a la política monetaria del Banco de Japón.
Si bien el objetivo de inversión podría mejorar potencialmente la salud fiscal al impulsar el crecimiento, los expertos enfatizan que la efectividad del plan dependerá de su capacidad para mejorar la productividad en lugar de simplemente apoyar el consumo.