El 25 de septiembre de 2026, la Corte Suprema de EE. UU. restableció una controvertida base de datos de inmigración que la administración Trump afirma que está destinada a prevenir el voto de no ciudadanos. Esta decisión permite al Departamento de Seguridad Nacional utilizar números de Seguro Social y otros datos para verificar el estatus de ciudadanía de los votantes registrados.
Los críticos argumentan que este sistema podría llevar a la descalificación errónea de votantes elegibles, especialmente a medida que se acercan las elecciones de medio término.
La mayoría conservadora del tribunal dictaminó que los argumentos de los demandantes contra la base de datos probablemente carecen de fundamento, citando la ley federal que permite el intercambio de información sobre ciudadanía entre agencias.
Desde el rediseño de la base de datos, varios estados liderados por republicanos han comenzado a cruzar sus listas de votantes con la base de datos, lo que ha resultado en la cancelación de registros de individuos erróneamente identificados como no ciudadanos.
Los grupos de defensa han expresado preocupaciones sobre la precisión de la base de datos, con informes que indican altas tasas de error en la identificación de no ciudadanos. La jueza Ketanji Brown Jackson, disintiendo con sus colegas liberales, enfatizó que el daño potencial a los votantes legales supera cualquier beneficio percibido de las acciones del gobierno.
La decisión ha generado un debate significativo sobre la integridad electoral y el equilibrio entre las medidas de seguridad y los derechos de los votantes, especialmente a medida que se acercan las elecciones de medio término.