La demanda, Woods v. U.S. Department of Education, fue iniciada por prestatarios que tuvieron sus préstamos estudiantiles federales perdonados debido a asistir a universidades fraudulentas. A pesar del perdón, el Departamento de Educación continúa informando estas deudas a las agencias de crédito, afectando la capacidad de los prestatarios para obtener hipotecas, vivienda en alquiler y empleo.
Eileen Connor, presidenta de The Project on Predatory Student Lending, enfatizó que estas inexactitudes están obstaculizando la vida de los prestatarios. Un demandante, el veterano de la Marina Jorge Cortes, informó que un saldo de $21,586 permaneció en su informe crediticio incluso después de que sus préstamos fueron condonados en agosto de 2022.
Se estima que el Departamento de Educación aún informa deudas para más de 300,000 prestatarios, lo que genera preocupaciones sobre la precisión de los informes crediticios y las posibles consecuencias financieras a largo plazo para las personas afectadas. El Departamento de Educación aún no ha comentado sobre la demanda.