OpenAI anunció su intención de interactuar de manera constructiva con los fiscales generales estatales tras informes de una investigación sobre las prácticas de la empresa, incluidos sus métodos publicitarios y el manejo de datos de consumidores.
Esta investigación es significativa ya que sigue a una citación que solicita información detallada sobre las operaciones de OpenAI, particularmente en relación con su chatbot ampliamente utilizado, ChatGPT.
La empresa, que alcanzó una valoración de $850 mil millones a principios de este año y se está preparando para una posible OPI, enfrenta desafíos legales, incluida una demanda del Fiscal General de Florida que alega que ChatGPT es un producto inseguro.
Además, OpenAI está siendo demandada por familias de víctimas de un tiroteo masivo en Canadá, que afirman que el atacante utilizó ChatGPT para planear el incidente.
Estos problemas legales, junto con alegaciones de muerte injusta vinculadas a experiencias de usuario perjudiciales con ChatGPT, representan riesgos para la reputación de OpenAI y podrían afectar la confianza de los inversores a medida que la empresa avanza hacia su oferta pública.
OpenAI sostiene que ha implementado salvaguardias para proteger a los usuarios vulnerables, pero el escrutinio continuo de los reguladores y los desafíos legales pueden complicar su trayectoria de crecimiento.