En un fallo significativo, la jueza Kathleen Williams declaró que la demanda de Trump contra el IRS tenía la intención de crear una fachada de legitimidad judicial para un acuerdo controvertido con el Departamento de Justicia. Este acuerdo había establecido previamente un fondo de $1.8 mil millones destinado a compensar a las supuestas víctimas de mala conducta procesal.
La orden de la jueza también incluyó una remisión del abogado de Trump, Alejandro Brito, al colegio de abogados de Florida para una posible acción disciplinaria, indicando serias preocupaciones sobre la conducta de la representación legal de Trump.
Además, el fallo fue enviado al Colegio de Abogados del Estado de Nueva York y al Colegio de Abogados del Distrito de Columbia, donde otros miembros del equipo legal de Trump están afiliados.
En respuesta, un portavoz de Trump afirmó que el IRS había permitido que un empleado motivado políticamente filtrara información privada sobre Trump y su organización a varios medios de comunicación, afirmando que Trump está comprometido a responsabilizar a aquellos que él cree que le han hecho daño a él y al público estadounidense.
Este fallo podría tener implicaciones para las batallas legales en curso de Trump y su percepción pública mientras navega por estos complejos problemas.