La decisión de la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Jennifer Rochon, se produce en respuesta a una demanda presentada por una coalición que incluye a Common Cause y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Local 32BJ.
La jueza determinó que los demandantes tienen altas probabilidades de tener éxito en su caso contra los anuncios, que fueron financiados por un contrato de 20 millones de dólares del Departamento de Seguridad Nacional.
La coalición argumentó que los anuncios estaban ilegalmente dirigidos a influir en las próximas elecciones, afirmando que no hay base legal para utilizar recursos gubernamentales con fines políticos.
Esta decisión puede tener implicaciones significativas para las estrategias publicitarias de la administración Trump y podría influir en la percepción pública a medida que se acercan las elecciones de medio término.