Un tribunal de apelaciones francés ha confirmado la condena de Marine Le Pen por malversación de fondos de la UE, condenándola a tres años de prisión, con dos años suspendidos y un año bajo monitoreo electrónico. Si bien esta decisión reduce su prohibición de ocupar cargos públicos a 45 meses, le permite postularse potencialmente en las elecciones presidenciales de abril de 2027.
Sin embargo, la obligación de llevar un dispositivo electrónico complica la logística de su campaña, ya que tendría que regresar a casa cada noche, lo que podría obstaculizar su capacidad para conectarse con los votantes. Le Pen ha expresado su reticencia a hacer campaña bajo estas condiciones, citando preocupaciones sobre la credibilidad y la efectividad de la campaña.
La decisión ha provocado discusiones internas dentro de su partido, el Reagrupamiento Nacional, mientras se preparan para la posibilidad de que Le Pen o el presidente del partido, Jordan Bardella, lideren la campaña. Las encuestas indican que ambas figuras son fuertes contendientes, con algunos sugiriendo que Bardella podría superar a Le Pen en las rondas de votación iniciales.
La condena se deriva de acusaciones de que funcionarios del Reagrupamiento Nacional malversaron fondos de la UE destinados a asistentes parlamentarios, una afirmación que Le Pen ha negado consistentemente.
El caso ha suscitado críticas de sus aliados, quienes argumentan que las acciones del poder judicial están influyendo en los procesos democráticos, mientras que los opositores sostienen que los funcionarios públicos deben adherirse a los mismos estándares legales que todos los ciudadanos.