El 15 de octubre de 2026, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Los Ángeles contra California, con el objetivo de detener la tabulación de boletas por correo de votantes identificados como probablemente no ciudadanos. La solicitud del DOJ sigue a una carta del fiscal general adjunto interino de EE.
UU., Trent McCotter, que exigía que los funcionarios de California verificaran el estatus de ciudadanía de estos votantes antes de contar sus boletas.
La demanda surge en medio de afirmaciones de la administración Trump de que los registros de votantes de California contienen 190,000 no ciudadanos, una declaración que la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, ha desafiado debido a la falta de evidencia que la respalde.
La oficina de Weber enfatizó que California tiene leyes estrictas que aseguran que solo los ciudadanos estadounidenses pueden registrarse para votar y que cualquier registrante inelegible es eliminado.
Las acciones del DOJ han suscitado preocupaciones sobre el posible caos y la desconfianza pública en el proceso electoral, ya que Weber declaró que el estado está comprometido con un proceso electoral justo para las próximas elecciones generales de 2026.