El sábado por la noche, la policía española arrestó a tres miembros de un grupo de extrema derecha y utilizó balas de goma para dispersar a las multitudes en Madrid, donde decenas de miles se reunieron para protestar por la crisis de vivienda en curso.
Este descontento fue provocado por el rechazo de medidas propuestas destinadas a abordar la ira pública sobre los problemas de vivienda, particularmente tras el desalojo de una anciana. Los manifestantes expresaron su frustración con el sistema político, enfatizando que el gobierno no está respondiendo adecuadamente a las necesidades del pueblo.
Se informa que el Primer Ministro Pedro Sánchez está considerando una elección anticipada en noviembre, influenciado por la fuerza de estas protestas. Aunque algunas manifestaciones se tornaron violentas, con enfrentamientos en Valencia, muchas protestas en 50 ciudades permanecieron pacíficas.
El Sindicato de Inquilinos ha indicado que se podría organizar una huelga general en respuesta a la inacción del gobierno, señalando una posible escalada en el descontento público sobre las políticas de vivienda. La situación es crítica, ya que podría afectar el panorama político y el enfoque del gobierno hacia la reforma de vivienda en un futuro cercano.