Las víctimas de fraude a menudo enfrentan un doble golpe financiero, ya que pueden deber impuestos sobre el dinero robado. Desde 2018, las deducciones fiscales por pérdidas por robo han estado limitadas, afectando particularmente a aquellos que caen víctimas de estafas como fraudes de suplantación de identidad o de romance.
La Ley de Alivio Fiscal para Víctimas de Fraude, recientemente aprobada por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, busca cambiar esto al permitir que las víctimas deduzcan sus pérdidas y eximir la penalización del 10% por retiros anticipados de cuentas de jubilación.
Esto ocurre en un momento en que la Comisión Federal de Comercio informó que las pérdidas por fraude alcanzaron un récord de $15.9 mil millones en 2025, con un aumento significativo en estafas de alto valor que afectan a los adultos mayores.
El proyecto de ley propuesto restauraría la capacidad de reclamar pérdidas por robo para el año en que ocurrieron, en lugar de cuando se descubrieron, lo que podría proporcionar un alivio financiero crucial para muchas víctimas. Sin embargo, sigue siendo incierto cuándo considerará la Cámara completa esta medida, dejando a muchos beneficiarios potenciales en un limbo.