La orden de restricción temporal, otorgada por la jueza del Distrito de California Araceli Martínez-Olguín, pausa la fusión durante 14 días tras una demanda liderada por el fiscal general de California, Rob Bonta.
La demanda argumenta que la fusión podría violar las leyes antimonopolio al potencialmente controlar casi un tercio de las películas y la programación básica por cable, lo que, según Bonta, resultaría en precios más altos y contenido de menor calidad para los consumidores.
El equipo legal de Paramount sostiene que la fusión es procompetitiva y mejoraría la calidad del contenido y la inversión en producción. El acuerdo ya ha recibido la aprobación del Departamento de Justicia de EE. UU. y varias jurisdicciones globales, con una fecha de cierre prevista para el 30 de septiembre.
Sin embargo, si la fusión se retrasa más allá de esta fecha, Paramount podría incurrir en costos significativos, incluyendo una tarifa acumulativa de 650 millones de dólares por trimestre y una tarifa de ruptura de 7 mil millones de dólares si los problemas regulatorios impiden el cierre del acuerdo.
El resultado de este desafío legal podría tener implicaciones más amplias para el sector de los medios, particularmente ya que sigue a una demanda similar que afecta a otra fusión de medios que involucra a Nexstar Media Group y Tegna.