Meta ha sido ordenada a contribuir con $567 millones a un fondo de mitigación en Nuevo México como parte de una demanda por molestia pública relacionada con los supuestos efectos negativos de sus plataformas de redes sociales en la salud mental de los jóvenes. Esta decisión sigue a una penalización previa de $375 millones por violar la ley de prácticas desleales del estado.
La segunda fase del juicio tiene como objetivo determinar si las acciones de Meta constituyen una molestia pública, lo que podría resultar en cambios obligatorios en sus productos. El juez Bryan Biedscheid señaló que las plataformas de Meta contribuyen significativamente a la crisis de salud mental entre los jóvenes de Nuevo México, respaldado por pruebas sustanciales.
El fondo destina $420 millones para el tratamiento de las personas afectadas, mientras que el resto se destina a iniciativas de concienciación y prevención.
El Fiscal General de Nuevo México, Raúl Torrez, ha indicado su intención de buscar hasta $62.85 mil millones en penalizaciones, reflejando una tendencia más amplia similar a los problemas de responsabilidad del pasado de la industria del tabaco.
El caso podría obligar a Meta a implementar medidas más estrictas de verificación de edad y modificar sus algoritmos para proteger a los niños, lo que podría transformar la forma en que la empresa opera en el estado. Además, Meta está obligada a mejorar sus herramientas de verificación de edad y colaborar con instituciones educativas para crear mecanismos de reporte para usuarios menores de edad.
Este escrutinio legal subraya la creciente presión sobre las empresas de redes sociales para abordar sus impactos sociales.