La jueza del distrito de EE. UU. Leonie Brinkema emitió una orden temporal bloqueando a la administración Trump de proceder con la creación de un 'Fondo Anti-Armamentización' mientras revisa los argumentos legales en torno a su establecimiento.
El fondo, anunciado por el Departamento de Justicia como parte de un acuerdo relacionado con los registros fiscales de Trump, tiene como objetivo proporcionar compensación a individuos que afirman ser víctimas de acciones legales motivadas políticamente.
La demanda que impugna el fondo fue presentada por un grupo que afirma haber sido objetivo como oponentes políticos y que sería excluido de recibir pagos. Skye Perryman, directora de Democracy Forward, que presentó la demanda, celebró la decisión como una victoria para la transparencia y el estado de derecho.
Sin embargo, el Departamento de Justicia expresó confianza en la legalidad del fondo e indicó que procederá con sus planes de asignar fondos dentro de 60 días. La controversia en torno al fondo ha suscitado críticas incluso de algunos dentro del Partido Republicano de Trump, que están preocupados por los posibles pagos a individuos involucrados en el ataque al Capitolio del 6 de enero.
La decisión de Brinkema está diseñada para mantener el statu quo y prevenir cualquier desembolso irreversible de fondos hasta que el tribunal pueda evaluar completamente los desafíos legales presentados.