El 11 de noviembre, millones de trabajadores españoles están participando en una huelga general de 24 horas, organizada por los sindicatos más grandes del país, CCOO y UGT, en medio de crecientes frustraciones por el aumento de los alquileres y los costos de vida.
Se espera que la huelga interrumpa el transporte público, los vuelos y diversos negocios, reflejando la ira generalizada ya que los costos de vivienda casi se han duplicado en la última década. El Banco de España ha destacado una grave escasez de vivienda, estimando un déficit de 750,000 hogares, que podría aumentar a 1 millón en dos años.
Los líderes sindicales exigen una mayor intervención del gobierno en el mercado de la vivienda, mientras que los activistas piden el fin de los alquileres turísticos y las renovaciones automáticas de contratos. Las protestas han sido alimentadas por recientes disturbios sociales, incluida la expulsión de una anciana que provocó indignación nacional.
El gobierno del Primer Ministro Pedro Sánchez enfrenta críticas por su manejo de los problemas de vivienda y la seguridad pública, especialmente tras una trágica colisión de trenes.
Con elecciones programadas para el 29 de noviembre, la huelga sirve como un momento crucial para que los partidos de izquierda vuelvan a centrar la campaña en la vivienda, ya que las encuestas indican un posible cambio hacia una mayoría de derecha.
El resultado de las protestas podría fortalecer la posición del gobierno actual o proporcionar una oportunidad para que los partidos de oposición ganen terreno, particularmente si ocurre violencia durante las manifestaciones.