El 25 de junio de 2026, la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Leonie Brinkema, dictaminó que una demanda que impugna la creación por parte del DOJ de un fondo de 1.8 mil millones de dólares para la 'anti-armamentización' procederá. La decisión de la jueza se deriva de la falta del DOJ para proporcionar una declaración escrita que confirme que el fondo ya no está activo.
Brinkema señaló que la negativa del Fiscal General Interino Todd Blanche a rescindir su memo del 18 de mayo, que estableció el fondo, junto con el continuo apoyo del presidente Donald Trump para compensar a las supuestas víctimas del abuso de poder del DOJ, indica que la demanda no es irrelevante.
Aunque Blanche testificó el 2 de junio que el fondo no avanzaría, su renuencia a emitir una declaración formal por escrito ha generado dudas sobre la credibilidad de las afirmaciones del DOJ. Esta situación es significativa ya que refleja la naturaleza contenciosa del fondo y las implicaciones políticas que lo rodean, lo que podría afectar la percepción pública del DOJ y sus iniciativas.