El 28 de septiembre de 2026, el juez de distrito de EE. UU. Amir Ali anuló una norma de la administración Trump que habría condicionado la financiación federal de contraterrorismo a que los estados realizaran cambios específicos en sus procesos electorales.
La decisión se produjo en respuesta a una demanda de dos condados de Texas, un condado de Tennessee y Columbus, Ohio, que argumentaron que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) excedió su autoridad. El juez Ali afirmó que FEMA no logró demostrar cómo los cambios electorales propuestos estaban relacionados con los esfuerzos de contraterrorismo.
Los cambios exigidos por FEMA incluían la transición a boletas de papel marcadas a mano, la realización de auditorías post-electorales y la verificación de la ciudadanía de los votantes. El Brennan Center for Justice, que apoyó a los demandantes, argumentó que estas condiciones ponían en peligro la seguridad pública y la seguridad electoral.
La decisión del juez subraya los desafíos legales en curso contra los intentos federales de influir en la administración electoral estatal, particularmente en áreas urbanas que votan predominantemente por los demócratas. La posible retención de decenas de millones de dólares en financiación era una preocupación significativa para los estados y municipios afectados.