La Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 11.º Circuito emitió una decisión de 2-1 bloqueando la aplicación de la Ley Stop WOKE de Florida, que fue diseñada para limitar las discusiones sobre raza y género en la educación superior.
La jueza Britt Grant enfatizó que la ley infringe los derechos de la Primera Enmienda de los profesores, afirmando que el gobierno no puede dictar el discurso en el aula simplemente porque los educadores son empleados estatales.
La decisión permite continuar con los desafíos legales contra la ley, que ya ha enfrentado reveses, incluida una decisión anterior que bloqueó restricciones similares en la capacitación laboral. La opinión disidente de la jueza Barbara Lagoa argumentó que el estado tiene la autoridad para regular lo que se enseña en las universidades públicas.
Esta decisión es significativa, ya que no solo impacta el panorama educativo de Florida, sino que también establece un precedente sobre cómo se pueden impugnar leyes similares en todo el país, influyendo potencialmente en la conversación nacional más amplia sobre la libertad académica y la libertad de expresión en la educación.