El viernes, la Casa Blanca anunció planes para bloquear $810 millones en fondos que habían sido previamente aprobados por el Congreso, un movimiento que recuerda el intento anterior del presidente Trump de rescindir $4.9 mil millones en ayuda exterior.
Esta acción, conocida como rescisión de bolsillo, es controvertida ya que permite al presidente solicitar el bloqueo de fondos tan cerca del final del año fiscal que el Congreso puede no tener tiempo adecuado para responder.
La Casa Blanca citó la Ley de Control de Impoundment (ICA) como justificación para esta autoridad; sin embargo, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental ha indicado que la ICA no permite retener fondos que el Congreso no ha aprobado para rescisión.
La senadora Susan Collins, republicana de Maine y presidenta del Comité de Apropiaciones del Senado, criticó el movimiento, afirmando que socava el poder constitucional del Congreso sobre las decisiones presupuestarias y viola la ley.
Los recortes propuestos incluyen $567 millones para programas de Salud y Servicios Humanos destinados a refugiados y asilados, $28 millones para investigación de HHS, y reducciones a los programas especiales del Departamento de Educación para estudiantes inmigrantes.
Esta situación destaca las tensiones continuas entre el poder ejecutivo y el Congreso respecto a la autoridad fiscal y podría tener importantes implicaciones para la financiación de programas sociales críticos.