El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema de EE. UU. falló a favor de la administración Trump, permitiendo la reanudación de las deportaciones de migrantes a países distintos al suyo sin permitirles demostrar los posibles daños que podrían enfrentar. Esta decisión se produce mientras la administración apela un fallo de un tribunal inferior que consideró tales deportaciones ilegales.
Desde la implementación de la política el año pasado, más de 25,000 migrantes han sido deportados a 29 países, principalmente México, como parte de una represión más amplia de la inmigración. Críticos, incluidos grupos de derechos humanos, argumentan que esta política pone en peligro a los migrantes al enviarlos a naciones políticamente inestables donde pueden enfrentar persecución o violencia.
El fallo de la Corte Suprema sigue a una serie de desafíos legales, incluida una demanda colectiva que afirmaba que la política viola los derechos al debido proceso bajo la Quinta Enmienda.
La administración ha defendido la política como una herramienta necesaria para eliminar a ciertos migrantes, incluidos aquellos con antecedentes criminales, a pesar de las preocupaciones planteadas sobre su impacto en poblaciones vulnerables. La batalla legal en curso destaca la naturaleza controvertida de la política de inmigración en EE.
UU. y plantea preguntas sobre el equilibrio entre la aplicación de la ley y la protección de los derechos humanos.