La Ley de Protección de Consumidores, que podría ser votada tan pronto como el martes, busca establecer estándares para los centros de datos de IA con una demanda de 100 megavatios o más, exigiendo que asuman los costos de nueva infraestructura eléctrica en lugar de trasladar estos costos a los consumidores.
Esta legislación, presentada por el representante Gabe Evans y la representante Kathy Castor, está ganando apoyo bipartidista a medida que los legisladores enfrentan la presión de los constituyentes preocupados por el aumento de las facturas de servicios públicos.
El proyecto de ley es parte de una respuesta más amplia a un movimiento de base contra los centros de datos, que se ha convertido en un tema controvertido en el período previo a las elecciones de 2026.
Si bien el proyecto de ley busca proporcionar un marco regulatorio, los grupos ambientales argumentan que se queda corto y puede no abordar de manera efectiva las preocupaciones de los residentes afectados por estas instalaciones.
Los críticos, incluido Mitch Jones de Food & Water Watch, advierten que la legislación podría acelerar inadvertidamente la construcción de nuevos centros de datos sin abordar adecuadamente los problemas subyacentes.
El líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, reconoció el proyecto de ley como un paso positivo, pero enfatizó la necesidad de una acción más integral sobre la regulación de la IA.
El debate en curso refleja un reconocimiento creciente del impacto de los centros de datos de IA en las comunidades locales y la red eléctrica, destacando la tensión entre el avance tecnológico y los costos de servicios públicos.