En un movimiento significativo para combatir el fraude financiero contra los adultos mayores, la Cámara de Representantes votó 414-2 para aprobar la Ley de Prevención de Explotación Financiera de 2025, conocida como H.R. 2478.
Esta legislación otorga a los fondos mutuos y a sus agentes de transferencia la facultad de detener temporalmente las solicitudes de rescate de individuos de 65 años o más o de aquellos con discapacidades si hay sospechas de explotación financiera.
La demora inicial puede durar hasta 15 días, ampliable por otros 10 días si se confirma la explotación, con la posibilidad de demoras más largas bajo aprobación judicial o regulatoria.
Este proyecto de ley surge en respuesta a estadísticas alarmantes de la Comisión Federal de Comercio, que informó que los adultos mayores perdieron 2.4 mil millones de dólares por fraude en 2024, un aumento del 26.3% respecto al año anterior.
Las pérdidas totales reportadas en todos los grupos de edad alcanzaron aproximadamente 15.9 mil millones de dólares en 2025, marcando un aumento del 27% respecto a 2024. La legislación también obliga a la Comisión de Valores y Bolsa a informar sobre políticas que podrían reducir aún más el fraude contra adultos vulnerables.
Si bien la participación en el programa no es obligatoria para las empresas de inversión, aquellas que elijan participar deben solicitar un 'contacto de confianza' de los clientes para ayudar a monitorear posibles fraudes. Este enfoque proactivo tiene como objetivo proporcionar una capa adicional de protección para los ancianos, que son cada vez más objeto de estafas sofisticadas.
Los expertos enfatizan la importancia de reconocer señales de alerta, como la urgencia en las solicitudes de dinero, que pueden indicar actividad fraudulenta. El proyecto de ley ahora se dirige al Senado, donde su futuro sigue siendo incierto, pero su aprobación refleja un reconocimiento creciente de la necesidad de mejorar las protecciones para los adultos mayores en el sector financiero.